El AMCO es una entidad dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridades y régimen especial.

Le han sido asignadas las siguientes funciones:

• Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su jurisdicción.
  
• Racionalizar la prestación de los servicios a cargo de los municipios que la integran, y si es del caso, prestar en común alguno de ellos.
  
• Planear, diseñar y ejecutar directa o indirectamente obras y proyectos de interés metropolitano.
  
• Expedir normas generales que orienten y regulen el desarrollo de aspectos físicos, económicos y sociales de interés metropolitano.
  
• Gestionar recursos que le permitan el logro de sus objetivos y su administración racional.
  
• Las demás asignadas por autoridad competente, siempre y cuando estén de acuerdo con los objetivos institucionales.
  

 
Los municipios que conforman el Área Metropolitana del Centro Occidente, buscan la planificación integrada del espacio geográfico común y el diseño de proyectos de interés metropolitano, en procura de incrementar su capacidad competitiva, mediante el acceso a los ingresos destinados por la ley 128, para intervenir los acontecimientos económicos, sociales, físicos, infraestructurales, ambientales y político-institucionales que modifican consciente o espontáneamente, total o parcialmente, el normal desarrollo de la población asentada en dos o más de los municipios conurbados.

A través de proyectos tales como:

• Construcción de infraestructura urbana, como redes o sistemas metropolitanos de parques y espacio público, vías y sistemas de transporte de interés común y servicios públicos metropolitanos.
  
• Acceso a recursos de asistencia técnica nacional e internacional.
  
• Apoyo logístico y financiero en la preparación de estudios y elaboración de los planes de desarrollo de cada municipio.
  
• Programas educativos, culturales y recreativos que busquen un bienestar colectivo.
  
• Propender por el desarrollo económico y la competitividad de forma sostenible y sustentable .
  
• Aplicar y socializar los mecanismos de participación ciudadana y democrática.
  
• Encausar los espacios para mejorar las condiciones y niveles de calidad de vida.
  
• Coordinar aspectos en materia ambiental cuando se cumplan los requerimientos definidos en la ley 99 de 1994. Entre otros.